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La noticia de hoy hace referencia a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que se establece que la negativa de un conductor a realizar un segundo test de alcoholemia, tras haber dado positivo en el primer test,
constituye delito.

Desde AGUAR ABOGADOS consideramos que este artículo es de vital importancia dado que en la mayoría de los delitos cometidos de seguridad en el tráfico de 2016 el condenado dio positivo en la prueba de alcoholemia. Esto
pone de relieve la necesidad de que la ciudadanía este concienciada e informada de que no se debe conducir ebrio y, en caso de que se hiciera, sepa de primera mano como no debe actuar.

La conducta de negarse a someterse a las pruebas de comprobación de la tasa de alcoholemia esta penada por el articulo 383 del Código Penal con una pena de entre 6 meses y 1 año de prisión.
Según la sentencia, para que las muestras tomadas en el test de alcoholemia constituyan una prueba completa deben hacerse las dos pertinentes mediciones de alcohol, no solo como garantía de los derechos del conductor,
sino también del sistema; por lo tanto, deben considerarse dos fases de una misma prueba, de modo que para lograr la constitución de una prueba completa es obligatorio realizar la segunda prueba.

En la sentencia hoy comentada, el Tribunal Supremo tras valorar que el acusado presentaba, entre otros síntomas, habla pastosa y titubeante, incoherencias, repetición de frases o ideas, falta de conexión lógica en las
expresiones, comportamiento agresivo, insultante, desinhibido y con una deambulación titubeante, incapaz de mantenerse erguido; castigó con 6 meses de prisión la negativa a someterse a un segundo test de alcoholemia, ya que la Guardia Civil detectó en la primera prueba un resultado de 1,02 mg/l en sangre,
más una multa de 1.080 euros.
Asimismo, cabe mencionar que el alto tribunal considera que la negativa a la primera medición es muestra de una rebeldía mayor y por tanto tendría una gravedad de mayor envergadura. Añade, que el objetivo de que los agentes
puedan defender la seguridad vial se alcanza blindando con una singular protección penal su autoridad cuando intervienen para comprobar la tasa de alcohol de cualquier conductor.

Se trata de la primera vez que un asunto relativo a una pena menos grave, con penas de hasta 5 años de prisión, llega al Tribunal Supremo.

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