El pasado 4 de marzo, el Consejo de Ministros dio un paso de gigante en la lucha contra la corrupción. Ya existían vías de denuncia contra prácticas irregulares y/o corruptas, pero para su efectivo cumplimiento eran necesario fomentar una relación de confianza entre administración y denunciante, tomando medidas de protección para evitar o paliar posibles represalias frente al mismo.
Es por ello que el Consejo de Ministros, ha presentado el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas , como resultado de la trasposición de una directiva comunitaria a este respecto. La Ministra de Justicia, Pilar Llop, definió a los “informantes” (los que recibirán la correspondiente protección), como aquellos que comunican, dentro de una organización pública o privada, infracciones del ordenamiento jurídico interno o de la Unión Europea.
Con esta norma, cualquier ciudadano, ya sea trabajador o funcionario público, podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas de las que tenga conocimiento en su ámbito laboral o profesional, y la legislación vigente tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia que pueda sufrir, incluyendo dentro de este marco de protección a su familia y entorno, si fuera necesario.
La futura norma establecerá dos sistemas de información que garantizarán la confidencialidad del informante o denunciante:
- Un canal interno
- Se permitirán las denuncias anónimas
- Un canal externo
- Mediante la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que determinará si el hecho que se está denunciando supone una infracción y si es necesario proteger al informante.
Mediante esta nueva regulación, se pretende fomentar e incrementar la cultura de anticorrupción, transparencia y calidad democrática, en los ámbitos administrativos y de empresa, evitando así que las represaliar contra los denunciantes existan, y en el caso de existir, que no queden impunes.
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