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Prisión Permanente Revisable

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Durante los últimos meses, se ha oído hablar sobre el caso de asesinato perpetrado por la Sra. Ana Julia Quezada. Durante el constante bombardeo mediático vertido por los medios de comunicación acerca del asunto, mediante un seguimiento minuto a minuto de lo sucedido como si de un partido de fútbol se tratase, se han puesto sobre la mesa diversos términos jurídicos que convendría analizar en profundidad. En especial el de la “Prisión Permanente Revisable” (en adelante, PPR).

Lo primero que debemos saber sobre la PPR es que se trata de la máxima condena contemplada en el actual Código Penal español. Se caracteriza principalmente por su indeterminación en cuanto a los años de condena efectivos.
Por lo tanto, si una persona es condenada por la misma, realmente nunca sabrá con certeza cuántos años durará su estancia en prisión. La norma se incorporó a nuestro Ordenamiento durante la última Reforma del CP del 2015, junto a la también polémica Ley de Seguridad Ciudadana (también conocida como Ley Mordaza).

¿Cuándo podrá aplicarse?

Su regulación legal la tenemos en el artículo 140 CP, en la que se exponen los casos en los que procederá su aplicación:

Asesinatos a menores de 16 años o especialmente vulnerables.
Asesinatos subsiguientes contra la libertad sexual.
Asesinato cometido por un miembro de una organización criminal.
Asesinato múltiple o en casos de terrorismo.
Homicidio del Jefe del Estado o heredero, contra Jefes del Estado del extranjero.
Genocidios o crímenes de lesa humanidad.


¿Cuál es el ámbito temporal de la pena?

Esta pena conlleva el cumplimiento íntegro de una parte determinada de la pena privativa de libertad que se le impuso, que oscila entre los 25 y los 35 años, dependiendo del delito que se haya cometido.
Su especialidad es la posibilidad de ser revisada una vez cumplida dicha parte de la condena, y que cuya ejecución y continuidad en el tiempo es susceptible de suspensión.

Por ejemplo, si el Sujeto A de 40 años, asesina al Sujeto B de 10, y es condenado a PPR, cumplirá una condena mínima comprendida entre los 25 y 35 años. Posteriormente y cada 2 años, el juez procederá a la revisión del estado del reo, para determinar si cumple los requisitos necesarios para salir de prisión. ¿Cuáles son esos requisitos?

¿Qué condiciones / requisitos se deben reunir para la revisión?

Explicadas ya las bases de la revisión, debemos acudir al artículo 51 del CP, en el que se expresan los requisitos para que la misma se haga efectiva:

Que el penado haya cumplido 25 años de su condena, hasta un máximo de 35, para algunos delitos.
Que posea el tercer grado.
Que haya un pronóstico favorable de reinserción, realizado por el Tribunal (informes favorables, buena conducta, etc.).

Por ello, una vez cumplidos los años mínimos de condena (25 a 35 años) y acreditada la reinserción del reo, se revisará la condena e incluso se podrá otorgar la libertad condicional.

Detractores y defensores. ¿Problema político o jurídico?

A raíz de la aprobación de la Prisión Permanente Revisable en 2015, surgieron 2 posiciones enfrentadas.

Una parte aseguraba que esta medida es una especie de eufemismo jurídico con el objetivo de encubrir un sistema similar a la ya conocida “cadena perpetua”, saltándose de este modo un posible conflicto entre la norma y los preceptos constitucionales que confinan al derecho penal una función de reinserción, como el art. 25 de la Constitución Española, que dice así: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…”.

Otros en cambio, ven en este sistema una perfecta vía de sanción/aislamiento de los sujetos considerados peligrosos para la sociedad, sin cerrar en ningún momento la puerta hacia su “nueva” socialización

A mayor abundamiento, el latente conflicto se percibe a simple vista al existir desde la promulgación de la Ley, tanto recursos ante el Tribunal Constitucional como propuestas de derogación. La realidad es que este tema suscita una gran controversia por distintos motivos jurídicos, políticos e incluso morales, y de bien seguro seguirá trayendo cola en el futuro.

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